miércoles, 29 de junio de 2016

Estudio del Consejo General de Economistas sobre la Reforma de la Financiación Autonómica.

Financiación Autonómica de Régimen Común: Una reforma necesaria. 




El pasado 14 de Junio tuvo lugar la presentación pública de un estudio elaborado por el Consejo General de Economistas (CGE) en el que se analizan la estructura, el funcionamiento y los problemas del actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y del que se desprende la necesidad de una reforma urgente de esta cuestión prioritaria y en el que se plantean 14 propuestas en este sentido.

El Consejo General de Economistas ha considerado necesario elaborar este estudio sobre la reforma de la financiación autonómica, con la intención de contribuir a la reflexión y al debate que toda sociedad democrática debe llevar a cabo ante un problema que precisa ser resuelto, aun sabiendo que –al igual que ocurre en los países federales– no existe una solución definitiva y atemporal. Las sucesivas adaptaciones y correcciones serán necesarias e inevitables, lo que requerirá un marco institucional apropiado. 



Para la realización de este estudio, se creó una Comisión al efecto, coordinada por Ernesto I. Gómez Tarragona, Decano del Colegio de Economistas de La Rioja, y formada por Luis Caramés Viéitez, Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Santiago de Compostela y asesor de coyuntura del Consejo General de Economistas; Luis del Amo Carbajo, secretario técnico del REAF-REGAF –órgano especializado en materia fiscal del Consejo General de Economistas–; Pascual Fernández Martínez, Decano del Colegio de Economistas de Madrid; Salvador Guillermo Viñeta, economista y representante del CGE en la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística; Juan Manuel Pérez Mira, decano del Colegio de Economistas de Valencia; Jesús Quintas Bermúdez, miembro del Comité Técnico del REAF-REGAF y Jesús Sanmartín Mariñas, presidente del REAF-REGAF. 

Gracias a todos ellos, porque sin sus aportaciones este estudio no hubiera podido hacerse realidad. 

Mención especial merecen Juan José Rubio Guerrero, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Santiago Álvarez García, profesor titular de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, autores del artículo titulado Sistema de Financiación Autonómica: problemas de funcionamiento y perspectivas de reforma, cuyo contenido ha sido un soporte fundamental para la realización de este trabajo.



El Consejo General de Economistas ha elaborado un trabajo en el que se analizan la estructura y el funcionamiento del sistema de financiación autonómica de régimen común, llegando a la conclusión de que es muy poco transparente, lo que genera tensiones institucionales y dificulta la corresponsabilidad fiscal, dando como resultado un reparto de recursos arbitrario que altera el principio de ordinalidad.

En cuanto a esta falta de transparencia, el Presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, señaló que “el ciudadano debería saber en todo momento lo que paga y a quién le paga, así como quién es el que le presta el servicio”

Por otra parte, el presidente del Consejo General insistió en la urgencia de reformar el actual sistema de financiación. Si no se hace –dijo Pich– “será muy difícil hacer un desarrollo ordenado de la capacidad normativa en materia impositiva de las CCAA, que en algunos tributos, como los medioambientales, resulta farragosa y extremadamente compleja”.

Entre los problemas del actual sistema, el Consejo General de Economistas destaca los siguientes:

  • Adolece de falta de transparencia: por ser extremadamente complejo, no se entiende.
  • El resultado del sistema es un reparto de recursos arbitrario que mantiene unas diferencias entre Comunidades que no se explican por sus necesidades de gasto.
  • Altera el principio de ordinalidad en el sentido de que, después del reparto, Comunidades con mayor capacidad recaudatoria pasan a tener menor financiación por habitante que otras con menos capacidad y viceversa.
  • El reparto arbitrario y el incumplimiento de la ordinalidad se producen porque se quiso mantener el status quo previo a la implantación del nuevo sistema y por la consideración de criterios institucionales.
  • Los recursos globales de que disponen las Autonomías en estos momentos parecen insuficientes para atender los gastos transferidos.
  • No se cumple con el principio de corresponsabilidad fiscal, pese a que las CCAA tienen amplia capacidad normativa en muchos tributos, ya que el 75% de sus ingresos tributarios alimentan un fondo estatal (el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales) que luego se reparte.
  • La cesta de tributos cedidos no es coherente con una tributación global de la riqueza, algunos de ellos están obsoletos y los tributos propios tienen una regulación caótica.
Los economistas realizan una serie de propuestas de reforma, entre las que destacan:

  • Definir el nivel de gasto necesario para atender con eficiencia los servicios transferidos y acordar, en consonancia con lo anterior, el volumen total de recursos que el Estado destina a cubrirlo.
  • Cuantificar, según el grado de riqueza e índice de desarrollo –y a igualdad de esfuerzo fiscal–, el volumen de recursos tributarios que puede obtener cada Comunidad.
  • Revisar el concepto de población ajustada para reflejar mejor el principio de necesidad, lo cual será la base para cumplir con los principios de suficiencia y solidaridad.
  • Revisar la cesta de tributos cedidos y realizar las reformas normativas necesarias con el objetivo de mejorarlos técnicamente, graduar las diferencias de tributación entre territorios y homogeneizar los principales tributos propios, aunque cediendo a las CCAA amplias capacidades normativas.
  • Rebajar el porcentaje de recursos tributarios que cada Comunidad aporta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, para cumplir mejor el principio de corresponsabilidad fiscal.
  • Podría plantearse la eliminación del resto de fondos, aportando los recursos del Estado que los nutren a un único fondo de reparto, consiguiendo así mayor transparencia.
  • Respetar el principio de ordinalidad.
  • Incrementar la interacción entre la AEAT y las agencias u organismos tributarios autonómicos y con la Seguridad Social.
  • Profundizar en la independencia de la AEAT del Ejecutivo y reformar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para potenciar sus funciones.





El Consejo General de Economistas coordina y representa en los ámbitos nacional e internacional a todos los Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles de España, y ordena y defiende el ejercicio profesional de sus colegiados. 

En la actualidad hay 70.000 colegiados entre los 65 Colegios existentes.













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